Resumen: Se desestima el recurso confirmando la resolución recurrida porque el criterio de cálculo efectuado en la resolución recurrida es correcto. Acuerdos de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016 y de 27 de junio de 2018.
Resumen: La función que a los tribunales de segunda instancia compete en valoración de prueba es llevar a cabo una revisión de la efectuada por los tribunales de primera Instancia, a fin de controlar la existencia, validez y suficiencia de la prueba de cargo y la racionalidad y motivación de su valoración. Se cumplen en la sentencia de instancia los requisitos de motivación fáctica y de razonabilidad de las conclusiones alcanzada sobre la base a la valoración de la prueba practicada con inmediación, en concreto otorgando credibilidad de la declaración prestada por la denunciante, sin que se llegue a combatir por el apelante la realidad de los audios y su autoría por el acusado. No hay duda de que las expresiones se refieren siempre al amigo de la denunciante, y no a ella, y bien pudo el acusado dirigirlos al citado, pero lo hizo a su ex pareja, a su teléfono móvil, desde el suyo propio. Estamos ante unas amenazas a un tercero que apuntan un mal que sufriría la víctima, que tiende a doblegarla en el intento de que esa persona no se relacione con ella o con los hijos, y a la postre un mensaje cuya destinataria es exclusivamente ella, pese a que el contenido afecte a un tercero.
Resumen: El cuadro se integró por medios primarios y medios secundarios de reconstrucción. Dicha clasificación responde, en esencia, a un criterio cualitativo de potencialidad probatoria. Atendiendo a los hechos justiciables introducidos en el escrito de acusación, resulta evidente que su prueba depende, en gran medida, del valor acreditativo que se otorgue al testimonio de aquellos que de manera directa afirman o niegan la realidad de tales hechos. Los medios secundarios vendrían a suministrar información relevante para la corroboración de los testimonios directos, pero carecerían de idoneidad acreditativa para fundar, exclusivamente, sobre sus resultados la declaración de condena pretendida por las acusaciones.
Resumen: Se desestima el recurso del condenado como autor de un delito de depósito de armas de guerra de los arts. 566,1.1°, 567.1, 2 y 4 y 570.1 CP. Se rechaza la denuncia sobre ruptura de la cadena de custodia, con base en la reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda acerca del alcance y naturaleza de la misma. No se ha producido vulneración de las reglas observantes de la cadena de custodia de lo intervenido en el registro domiciliario y la prueba pericial pudo realizarse en las condiciones que estimaron oportunas, por la defensa, sin que al tiempo en que pudo ser practicada se realizara intervención alguna por parte del perito de la defensa para ampliar el contenido de ese informe. Correcta subsunción del hecho probado, que refiere que el acusado adquirió tanto de particulares como de armerías, armas, cañones y otros componentes esenciales para su rehabilitación, ensamblaje y fabricación de armas completas, señalando que su destino era el tráfico. Consecuentemente la peligrosidad, a la luz de la tipicidad contenida en los artículos que denuncia como indebidamente aplicados, aparece afirmada en el hecho probado, el cual refiere elementos de comercialización, que comprende tanto la adquisición como la enajenación. Y el art. 567.4 refiere que respecto a las municiones, la declaración de depósito se realiza atendiendo a la cantidad de clases de las mismas, catalogación aquí el tribunal ha llegado de forma racional a partir de las periciales y normativa aplicable.
Resumen: El control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena. No son faltas de persistencia el cambio del orden en las afirmaciones, ni las sucesivas ampliaciones de estas cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado. El artículo 849.2 LECrim: a) ha de fundarse en verdadera prueba documental; b) que evidencie el error de algún dato o elemento material; c) que el dato no entre en contradicción con otras pruebas; d) que el dato sea importante para modificar el sentido del fallo. En aplicación de la LO 1/2022, es importante recordar que la aplicación de la norma ha de hacerse en bloque. El control en casación de la corrección de la pena aplicada se contrae a la comprobación de la existencia de un razonamiento en relación a los factores expuestos y que éste no ha sido arbitrario.
Resumen: La reforma operada por la Ley 41/2015 ha supuesto la posibilidad de acceso a la casación de los delitos juzgados por Juzgados de lo Penal. En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, reunida en pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, entre otros extremos, determinó que únicamente podían articularse por el cauce casacional por infracción de ley del art. 849.1 LECrim. Este cauce casacional es la vía adecuada para discutir ante este Tribunal si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley. Pero siempre partiendo del relato fáctico que contiene la sentencia, sin alterar, suprimir o añadir los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia. En el caso presente, si bien se articula el motivo por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim, considerando indebidamente aplicado el art. 178 CP, el recurrente apoya su impugnación en cuestiones valorativas que tendrían su marco en la infracción del derecho a la presunción de inocencia al existir un grave error en la apreciación de la prueba. El motivo, por lo expuesto, deberá ser desestimado, dado que el hecho probado recoge todos los elementos típicos que integran el delito de agresión sexual por el que ha sido condenado el recurrente.
Resumen: La querellante sostiene que la competencia para conocer corresponde a esta sala especial por aplicación del art. 61.1.4.º LOPJ, en una interpretación literal del precepto, porque, a diferencia de lo que ocurre con otros apartados del mismo art., en el apartado 4.º se hace referencia a las causas contra presidentes de sala o magistrados de una sala -cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen- sin especificar que se trate, necesariamente, de magistrados del TS, porque una interpretación contraria generaría un vacío -ya que la querellante no tendría otro tribunal al que acudir- y porque otra interpretación sería contraria a su precedente, el art. 284.5.º LOPJ de 1870. No cabe la interpretación pretendida por la querellante, contraria a la que pacíficamente viene manteniéndose por esta sala especial y por la Sala Segunda del TS. No concurren el vacío legal o laguna normativa aducidos por la querellante, ya que la declaración de incompetencia de esta sala no determina que la querella haya de ser conocida por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ -ante la que ya se han promovido y desestimado incidentes de recusación-, pues la querellante obvia el contenido del art. 57.1. 3.º LOPJ, que atribuye la competencia para conocer de las causas penales seguidas contra magistrados de los TSJ a la Sala de lo Penal del TS. En cuanto a los otros querellados, magistrada y letrada de la Administración de Justicia de un Juzgado de Instrucción, tampoco pueden ser enjuiciados ante esta sala los delitos que les vienen atribuidos, al tampoco tratarse de personas aforadas ante la misma.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito de abuso sexual. Presunción de inocencia. Valor probatorio de la declaración de la víctima practicada en un juicio oral que fue declarado nulo. El Tribunal no tiene la obligación de cotejar la nueva declaración practicada en el segundo juicio oral con la que se llevó a cabo en el primer plenario que fue declarado nulo. No obstante, esta afirmación no impide hacer valer posibles contradicciones en las que haya incurrido la víctima, no solo con la declarado en la fase de instrucción, sino también con las manifestaciones realizadas en la anterior vista. Para que puedan ser valoradas dichas contradicciones, deben introducirse en el nuevo plenario preguntando a la víctima por las mismas y solicitando al Tribunal que reproduzca la anterior declaración.
Resumen: El recurrente deberá plantear su disidencia sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. La investigación iniciada por la Policía, a raíz de los numerosos robos cometidos en naves industriales, ofreció al Juez instructor un cuerpo indiciario para legitimar la interceptación de las comunicaciones telefónicas -entre otros investigados- del recurrente. Las primeras indagaciones de los agentes no estaban orientadas a husmear en conversaciones privadas con el fin de encontrar indicios de un delito todavía no dibujado indiciariamente. Antes al contrario, el objeto de la investigación y los sujetos de la medida estaban perfectamente definidos. Por la denominada doctrina del hallazgo casual se legitiman aquellas evidencias probatorias que inesperadamente aparecen en el curso de una intervención telefónica, eventualmente en un registro domiciliario, de forma totalmente imprevista, aunque la doctrina de esta Sala Casacional, ha exigido que, para continuar con la investigación de esos elementos nuevos y sorpresivos, se han de ampliar las escuchas, con fundamento en el principio de especialidad, a través del dictado de una nueva resolución judicial que legitime tal aparición
Resumen: Delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años. Derecho penal de autor. Se estima el recurso de casación interpuesto por el acusado y se absuelve del delito por el que venía condenado, tanto en la instancia como en apelación ante el TSJ. Considera que el tribunal de apelación expresa en su argumentación una dudas sobre la certeza de los hechos. La Sala de apelación visionando, atenta y repetidamente su grabación, entiende que la espontaneidad y la seguridad de su declaración no puede ser suficiente si no concurre algún elemento periférico coadyuvante (siquiera indiciario, como se indicó); y afirma la ratificación de la enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia, desvaneciendo las dudas que le plantea la prueba directa y la prueba de referencia practicada, sobre la base de unos antecedentes penales acaecidos 20 años antes, reveladoras de lo que denomina una" desviada inclinación sexual".
